- La Eurocámara respalda «un avance decisivo» para la libertad de circulación de 87 millones de personas
Las tarjetas de discapacidad y de aparcamiento comunes para toda la UE obtuvieron este miércoles el respaldo definitivo del Parlamento Europeo, de modo que 87 millones de personas con discapacidad que viven en la región podrán disponer de la gran mayoría de las prestaciones que les han sido reconocidas en su país de origen cuando viajen a otro Estado miembro.
Ambas directivas forman parte de la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030, y suponen un «avance decisivo para garantizar “en la práctica” el derecho a la libre circulación del colectivo. Estos textos ya habían sido consensuados entre las presidencias española y belga del Consejo y la propia Eurocámara, cuyo Pleno los ratificó hoy por una muy amplia mayoría. También aprobó el acuerdo para extender los beneficios de estas tarjetas a ciudadanos de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros de la UE, incluidos solicitantes de asilo y apátridas.
La comisaria europea de Igualdad, Helena Dalli, intervino en el debate celebrado ayer ante el Pleno para defender estas iniciativas. Según explicó, la nueva tarjeta de discapacidad de la UE permitirá el reconocimiento mutuo de los certificados que acreditan dicha condición entre todos los Estados de la UE, de forma que los ciudadanos con discapacidad que viajen a otro país puedan disfrutar de la gran mayoría de los derechos que les son reconocidos en su Estado de origen.
Esto incluye acceso preferente y gratuito a espacios y bienes culturales y de ocio y a medios de transporte, así como la reducción de tarifas en determinados servicios y el acceso a ayudas. Del mismo modo, a través de la tarjeta de aparcamiento común, las personas con discapacidad que dispongan de este documento en su país de origen podrán acceder de las plazas reservadas por dicho motivo en los demás Estados miembro.
“Es un paso decidido de cara a garantizar la libertad de movimiento” de 87 millones de personas con discapacidad que viven en la UE, declaró Dalli, y “una exigencia de cara a la implantación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Además, Dalli se felicitó del acuerdo para introducir la extensión de estos derechos a los nacionales de terceros países con discapacidad que “tengan residencia legal en la UE”, y valoró que “el texto comprometido tiene en cuenta la situación de los estudiantes que participan en programas de movilidad”. Por último, destacó el consenso para que la emisión de la tarjeta de discapacidad no implique el pago de ninguna tasa.
Gracias a estas directivas, cualquier tarjeta de discapacidad servirá como prueba que acredita tal condición en los demás Estados, lo que contribuirá a la inclusión social del colectivo, concluyó. Todos los eurodiputados que participaron en el debate coincidieron en la importancia de estas dos iniciativas y en su relevancia de cara a asegurar “la libertad de movimiento de las personas con discapacidad”.
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