– En algunas comunidades se cumple el tercer año
Este lunes, el titular de la Defensoría del Pueblo, Ángel Gabilondo, informó sobre la inicialización de investigaciones de oficio para recopilar datos sobre las demoras que se están presentando en la evaluación de individuos con discapacidad, con retrasos de hasta tres años en determinados territorios autónomos.
Comunicó el Defensor a las áreas pertinentes de las autonomías y los municipios de Ceuta y Melilla, con quienes ha comenzado los trámites administrativos. De acuerdo a su relato, las reclamaciones de los habitantes por este motivo se han multiplicado por tres en el lapso de los últimos cinco años, presentando demoras de hasta tres años en algunas zonas.
En consecuencia, la solicitud de información sobre la cantidad de procedimientos de reconocimiento o revisión sin resolver antes y después de la aplicación de la reciente normativa (Real Decreto 888/2022), que fija un límite máximo de seis meses para resolver las peticiones de reconocimiento o revisión de la discapacidad, fue hecha por el Defensor. Además, se pidió datos sobre los recursos humanos y materiales disponibles para llevar a cabo esta labor, así como las eventuales acciones urgentes realizadas o planeadas.
También, se busca por parte de la organización, obtener información actualizada respecto a los tiempos de evaluación, la solución de los casos y las estrategias de sincronización implementadas en cada departamento o consejería, con los organismos responsables de la gestión de pensiones de invalidez no contributivas. A las acciones ya en marcha con el Principado de Asturias a finales de 2023, se incorporan los procedimientos de oficio recientemente iniciados.
(SERVIMEDIA)
