El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso de los Diputados Enrique Santiago afirmó este martes que su formación y el PSOE han acordado introducir cambios en el articulado de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, en aspectos que afectan a la libertad de información.
En declaraciones a los medios en el Patio de la Cámara Baja, Enrique Santiago trató de aclarar el alcance real del anuncio realizado a primera hora por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien dijo que el PSOE y Sumar habían cerrado un acuerdo “en el que la petición de Sumar para la derogación de la ‘ley mordaza’ se consuma”.
La realidad, explicó Santiago, es que “ha habido avances en el sentido de que hay un acuerdo para abordar en primer lugar la reforma de los aspectos contenidos en la Ley de Seguridad Ciudadana que afectan al desempeño de la actividad de libertad de información por parte de los periodistas”.
Concretamente, señaló, “las posibles sanciones recogidas en el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ya tenemos un acuerdo para derogarlas”.
CÓDIGO PENAL
Por otra parte, el acuerdo de Sumar con el PSOE contemplaría la reforma de algunos aspectos contenidos en el Código Penal “que afectan a la libertad de expresión, que afectan también a periodistas pero que afectan a la limitación de la libertad de expresión de artistas de cualquier tipo”.
Por ejemplo, dijo, “los delitos de injurias a la Corona, los delitos denominados contra altas instituciones del Estado”, como las críticas a organismos como el Tribunal Constitucional o a la Audiencia Nacional “y los delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público”.
El portavoz adjunto de Sumar quiso dejar claro que eso no supondrá “que en este país vaya a haber una desprotección contra cualquier actuación que pueda suponer una injuria o una calumnia”, seguirán existiendo esos delitos en el Código Penal, pero habrá “una mayor protección al ejercicio de la libertad de expresión, para que de forma espuria no se pueda utilizar el Código Penal para limitar la actividad de trabajadores o trabajadoras de la cultura, de los servicios de información, etcétera”.
También destacó que el acuerdo contempla una reforma del derecho de rectificación y la ley de defensa del derecho al honor ya que, consideró, “no se puede seguir permitiendo supuestas actuaciones de instrucción judicial indeterminadas que no acaban en juicio porque no hay ningún tipo de prueba, de indicio que acredite que amerite una investigación”.
El objetivo, aclaró, es impedir las “instrucciones prolongadas que tienen un claro efecto político para desprestigiar a personas, a liderazgos políticos, sociales, sindicales” y que es un “mecanismo de utilización espuria” que suele ser “utilizado por jueces de instrucción que actúan de forma indebida”.
“Vamos a seguir trabajando para que haya un gran acuerdo con todo el pacto de investidura, con todas las fuerzas políticas democráticas de esta Cámara, para que más allá de esta reforma del artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana, en breve tengamos una derogación en profundidad de toda la reforma restrictiva de derechos que introdujo el Gobierno del Partido Popular”, subrayó.
Por ahora, recalcó, “hemos llegado a unos acuerdos que son simplemente unos pasos iniciales, unos acuerdos alcanzados entre los socios de Gobiernos”.
(SERVIMEDIA)