El 83,15% del profesorado que trabaja en centros públicos asegura percibir un incremento de las agresiones verbales y/o físicas por parte del alumnado.
Es una de las conclusiones de un macroestudio impulsado por STEs-Intersindical (STEs-i) y presentado este lunes en Madrid que ahonda en las causas del malestar docente, un trabajo que pone de manifiesto el «grave deterioro» del clima de convivencia en los centros educativos públicos.
El 76,66% del profesorado constata también actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias. Además, el sindicato subraya que el 91,83% del profesorado considera que las ratios actuales no permiten una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso.
El estudio, realizado durante el mes de noviembre de 2025, se basa en 13.213 encuestas completas realizadas al profesorado de enseñanzas públicas no universitarias de toda España, abarcando las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas.
Durante la comparecencia ante los medios, STEs-I alertó de que los resultados reflejan «un empeoramiento claro de la convivencia escolar». El 82,62% del profesorado valora el clima de trabajo en las aulas como conflictivo y/o complicado. Esa situación es más grave en algunas comunidades, que se encuentran por encima de esa media nacional, como Extremadura (90,48%), Ceuta (87,04%), ciudad autónoma donde las competencias educativas son exclusivamente del Gobierno central, y Canarias (87,52%).
AGRESIONES
En relación con las agresiones por parte del alumnado, el 83,15 % del profesorado percibe un aumento de las agresiones verbales, que en algunos casos llegan a ser físicas y se producen con una frecuencia cada vez mayor. Esta percepción es espacialmente significativa entre los docentes de Navarra (95,65%), Ceuta (92,59%), Extremadura (90,48%) y en Cataluña (85%).
Asimismo, el estudio indica que el 76,66% del profesorado se muestra de acuerdo con la afirmación de que existen actitudes hostiles y faltas de respeto por parte de las familias, una percepción especialmente compartida por el profesorado del País Vasco (95%) y Ceuta (83,33%), y que contribuye a incrementar la tensión cotidiana en los centros educativos.
“Queremos enseñar sin tener que tolerar insolencias, desconsideraciones, ofensas o vejaciones, y sin sentirnos desprotegidos ante situaciones de conflicto cada vez más habituales”, señalaron desde STEs-i durante la presentación de los resultados, y advirtieron de que este contexto tiene un impacto directo en la salud del profesorado, pues “la normalización de estas conductas está generando un desgaste profesional insostenible y un aumento preocupante de las bajas laborales”.
RATIOS, BUROCRACIA Y RECURSOS
El estudio también ahonda en el impacto de las condiciones estructurales en la labor docente. El 91,83% del profesorado se muestra en desacuerdo con que las ratios actuales permitan una atención adecuada a un alumnado cada vez más diverso, una percepción que alcanza niveles prácticamente unánimes en algunas comunidades. En este sentido, destacan por encima de la media el País Vasco (100%), Cataluña (97,50%) y Madrid (95,41%).
A esta realidad se suma una sobrecarga burocrática creciente que está vaciando de contenido la tarea pedagógica: el 95,74% de los docentes encuestados considera que la excesiva carga burocrática, impuesta por la Administración y en constante aumento, resta tiempo a la preparación de las clases y a la atención del alumnado con dificultades de aprendizaje.
STEs-I ha advertido de que el sistema educativo atraviesa una situación «insostenible», ya que las tareas administrativas están afectando de forma directa al núcleo esencial del trabajo docente. El estudio refleja también una profunda sensación de desvalorización profesional. El 46,26% del profesorado considera que las familias no valoran su trabajo, y el 85,83% afirma que la Administración no respalda suficientemente al profesorado, denunciando la falta de apoyo ante los problemas de convivencia.
A ello se suma la pérdida continuada de poder adquisitivo. El 91,89% del profesorado considera que su salario no se ha revalorizado adecuadamente, y el 88,34% estima que no es acorde a sus responsabilidades.
Para concluir, la organización llamó a que si no se adoptan medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales, salariales y de convivencia en los centros educativos, el sistema educativo público se enfrenta a un riesgo real de escasez de profesorado, especialmente en Secundaria y Formación Profesional.
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