La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió este jueves en el Senado la necesidad de «articular políticas dirigidas de forma específica a las mujeres inmigrantes en España”, que suponen el 36,7% de las víctimas de violencia de género, sufren una precariedad mucho mayor en el mercado laboral y presentan ciertas particularidades respecto a los varones del mismo origen.
Saiz realizó estas declaraciones durante su comparecencia ante la Comisión de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta, donde intervino para explicar las líneas fundamentales de su departamento de cara a la presente legislatura.
Según indicó, las mujeres representaron el 81% del aumento de la población migrante producido desde 2018.
Entre este año y 2023, España registró un crecimiento de 568.000 mujeres migrantes, frente a poco más de 150.000 varones.
“Asistimos en los últimos años a una feminización del fenómeno migratorio”, declaró, que hace necesario “articular y poner en marcha» políticas específicas para atender las características de estas mujeres.
En este sentido, apuntó que el 36,7% de las víctimas de violencia de género mayores de 14 años eran de origen extranjero, lo que supone “una tasa casi tres veces superior a la población general”.
A su juicio, “esta sobrerrepresentación indica la necesidad” de desarrollar políticas migratorias y de inclusión «con perspectiva de género” que hagan frente a esta realidad.
En la misma línea, Saiz aseguró que se mejorarán los protocolos de detección, valoración y atención a las víctimas de violencia de género y de trata en el Sistema Nacional de Acogida y de Asistencia Humanitaria.
ATENCIÓN PRIORITARIA
La población migrante Lgtbi y las personas con discapacidad de origen extranjero son otros dos colectivos cuyo tratamiento pretende mejorar el ministerio. “Aunque ya existen centros específicos para personas Lgtbi, queremos habilitar nuevos recursos”, señaló la ministra.
También se propuso mejorar la detección de aquellos solicitantes de asilo que son perseguidos debido a su orientación o identidad sexual en sus países y considerar estas motivaciones a la hora de presentar en España a personas refugiadas en terceros países.
En cuanto a la discapacidad, afirmó que se considerará «criterio prioritario en el acceso a los recursos” y aseguró que habrá “un número de plazas reservadas a estas personas en los distintos centros”, a fin de garantizar su accesibilidad.
Reiteró también su intención de ampliar las plazas de la Red Nacional de Acogida y de Atención Humanitaria que gestiona su departamento, a fin de hacer frente al rápido incremento de llegadas a las costas y fronteras del país.
“Quiero agradecer el trabajo continuo de las entidades que colaboran con nosotros en la gestión de estos centros”, y subrayó que se reforzará la cooperación con la Organización Mundial de las Migraciones y con Acnur (la Agencia de la ONU para los Refugiados), así como el trabajo conjunto con los países de origen y de tránsito.
INTEGRACIÓN
En su intervención, Saiz destacó que España pasó de 1 millón de personas inmigrantes en 1999 a 7,5 millones en 2023. Son 6,5 millones más, y comparó esta cifra con el incremento de 8 millones experimentado en el conjunto de la población general durante el mismo periodo.
En su opinión, es un logro que este crecimiento se haya conseguido con normalidad. Destacó que la Unión Europea necesitará 50 millones de trabajadores migrantes de aquí a 2050 para mantener su población activa, que en la actualidad es de 200 millones y que, sin intervención extranjera, caerá a 150 para dicha fecha. “En España, se estima que necesitamos un flujo de entre 200.000 y 250.000 personas” con el mismo objetivo, puntualizó.
Resaltó asimismo que los trabajadores extranjeros aportan el 10% de las cotizaciones de la seguridad Social, mientras que representan el 1% del gasto. “Expongo estos datos para desmentir los mitos y los bulos que fomentan el odio”, declaró Saiz.
“Acepto las críticas rigurosas, pero no las informaciones sin datos contrastados, que solo hacen daño”. Por ello, reiteró “el compromiso de este Gobierno con la acogida y la inclusión de los migrantes”, y se comprometió a impulsar “la contratación en origen y la inmigración segura y regular” y a reformar de nuevo el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, a fin de «simplificar documentación y trámites», reducir las figuras de permisos ahora vigentes y mejorar la protección de los derechos”.
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