Ferrol, España – Ángel Sanz Montes
Primero, el pasado 8 de septiembre de 2025, dos personas armadas abrieron fuego en una parada de autobús en la zona de Ramot, en las afueras de Jerusalén, resultando en la muerte de seis personas e hiriendo a varias más, según distintas fuentes, como Reuters y AP News. Aparte de lamentar las terribles pérdidas humanas, recordar que nuestro País, al más alto nivel y de inmediato ha condenado este último atentado en Jerusalén Este.
Por los Medios, también se sabe que líderes como el presidente palestino Mahmoud Abbas condenaron el ataque y que Hamas no ha asumido la autoría. Pero eso no le quita ni un ápice al lamento por toda vida perdida ese día, en este conflicto estéril y estancado. Por eso le pedí a Grok la imagen de un atardecer sereno en el Levante del Mediterraneo. Algún día será así para todos, pero, entre tanto, hay que remar internacionalmente en esa dirección. Dejar las cosas claras. Sin más.
Segundo. Respecto al comercio de armas.
El Gobierno de España rechaza de manera tajante las falsas acusaciones vertidas en los últimos días por el Ejecutivo israelí y diversos Medios o las polvaredas levantadas en las Redes. España como nación, lamenta profundamente las medidas unilaterales adoptadas contra representantes de nuestro país. Tales acusaciones, en las que se nos atribuye antisemitismo y se pretende cuestionar nuestra legitimidad para expresar posiciones políticas en el marco del Derecho Internacional, o respecto de las acciones de guerra del ejército de otro Estado, carecen de fundamento y resultan inaceptables.
España es un Estado soberano y democrático, con una larga tradición de compromiso con los Derechos Humanos, la Legalidad internacional y la convivencia entre pueblos. Y desde esa legitimidad y esa coherencia, el Gobierno ha adoptado medidas claras en respuesta a la tragedia humanitaria que se desarrolla en Gaza y Cisjordania.
En su comparecencia pública de hoy, el presidente Pedro Sánchez lo expresó con claridad: no se trata de un gesto coyuntural ni de una reacción improvisada, sino de una decisión meditada, coherente con el sentir mayoritario de la sociedad española y enmarcada en el pleno ejercicio de nuestra soberanía. España ha resuelto suspender la exportación de armas a Israel, un embargo que será oficializado en el próximo Consejo de ministros, y que responde a un clamor compartido por amplios sectores de la sociedad civil. En España lamentamos todos los muertos que se vengan por la mano de otros, sean uniformados o terroristas.
Más de seiscientas organizaciones han reclamado desde hace casi dos años que la política exterior española no puede ser cómplice de la perpetuación de la violencia. La medida adoptada no es contra el pueblo de Israel, ni mucho menos contra el judaísmo, ni nada que se le parezca. Sino contra una dinámica de guerra que está causando un sufrimiento insoportable en la población palestina y poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región.
El Gobierno ha querido ser explícito: no cabe aquí ningún tipo de antisemitismo. España ha concedido en los últimos años la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes, que hoy son conciudadanos nuestros. En enero de 2023 se aprobó el primer Plan Nacional contra el Antisemitismo de nuestra historia y se adoptó la definición de la IHRA, reforzando nuestro compromiso contra todas las formas de discriminación.
Del mismo modo, el Ejecutivo condenó de manera inmediata el atroz atentado perpetrado en octubre de 2023, por Hamas, y ha exigido en todo momento la liberación de los rehenes. Pero condenar a Hamas y exigir la liberación de los secuestrados no puede significar avalar la destrucción sistemática de Gaza, la muerte de decenas de miles de civiles, la inanición programada y el desplazamiento forzoso de millones de personas.
Respecto al antisemitismo
Conviene recordar que en 2016 la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) acuñó una definición que algunos Estados han incorporado incluso en sus Códigos Penales como subtipo de los delitos de odio. Sin embargo, la mayoría de los países han percibido la trampa dialéctica que encierra aceptar, sin matices, la definición extrema, maximalista o literal, emanada de una organización sin legitimidad democrática, sin representatividad global y sin el aval de Naciones Unidas como marco de consenso internacional. El riesgo es evidente: convertir en “acto de odio” el simple hecho de señalar que el Estado de Israel comete errores, aplica políticas que pueden calificarse de racistas, apartheid, o que su ejército lleva a cabo acciones susceptibles de ser juzgadas por la Corte Penal Internacional como crímenes, o genocidio, o actos humanos condenables. Eso jamás será antisemitismo. No tiene nada que ver. Es lo mismo que se ha pedido para otros Estados transgresores, o mejor dicho, el rasero para otros ha sido implacable. Cosa que con Israel, en mi opinión, no. Se trata de definir y juzgar hechos cometidos por humanos contra otros humanos. La lógica a aplicar es la Ley que encausa cada caso, en su dimensión y tipo. No quita para el duelo por los todos muertos.
Para cerrar el tema IHRA, recordar que la International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) es una organización intergubernamental fundada en 1998 que reúne a gobiernos y expertos de diversos países con el objetivo común de fortalecer la educación, la investigación y la conmemoración del Holocausto y el genocidio de los gitanos. Su misión se basa en los compromisos adquiridos en la Declaración de Estocolmo de 2000 y la Declaración Ministerial de 2020 IHRA.
A diferencia de instituciones como la ONU, la IHRA no tiene carácter supranacional, ni competencias vinculantes, ni representa a cada País. Está compuesta por 35 países miembros y 8 países observadores, entre los cuales se encuentran España, Israel, Estados Unidos, Argentina y varios países europeos. Cada país designa a expertos nacionales en educación, investigación y memoria del Holocausto para formar su delegación.
Antisemitismo en boca de algunos es una falsa bandera. Al respecto, España defiende con convicción la existencia de dos Estados, Israel y Palestina, que convivan en paz, con fronteras seguras y reconocimiento mutuo. No se trata de un capricho ideológico. No. Es la esencia misma del Derecho Internacional desde la Resolución 181 de Naciones Unidas. Es desde esa perspectiva, que no podemos permanecer indiferentes ante la ocupación creciente de territorios palestinos, la expansión de asentamientos ilegales en Cisjordania, el bloqueo de la Franja de Gaza y la violencia desproporcionada contra la población civil. La defensa de Israel como Estado no está en discusión. Israel existe y fue una cosa grande tal como fue concebida. En esas tierras ya acogieron a población judía durante y después de la Primera Guerra Mundial. Otra lamentable carnicería por obsesiones enquistadas en las mentes de unos y otros. Hoy en el Levante Mediterráneo, lo que está en cuestión es la deriva que, lejos de garantizar la seguridad de los israelíes en su tierra soberana (con independencia de su credo, o si son ateos), alimenta un ciclo interminable de violencia y venganza. Desde lo más hondo de mi ser pido que eso acabe.
La posición de España
El presidente Sánchez lo ha dicho con serenidad, pero con firmeza: España condena el terrorismo en Jerusalén o donde sea, pero no se dejará amedrentar por acusaciones falsas ni por presiones diplomáticas. Nuestra posición no nace de animadversión hacia Israel ni hacia su pueblo, sino del compromiso con los principios que sostienen el orden internacional: respeto a la legalidad, protección de los civiles, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Defender esos principios hoy, en medio del dolor insoportable que sufre la población de Gaza, es un deber moral, político y humano. Con el tiempo la propia Israel se dará cuenta.
Las imágenes que llegan de la Franja son estremecedoras: barrios enteros reducidos a escombros, hospitales colapsados, niños hambrientos, familias desplazadas una y otra vez de norte a sur y de sur a norte, sin refugio posible. El derecho de Israel a defenderse no puede confundirse con el derecho a arrasar un territorio y condenar a muerte a una población entera. O bombardear tiendas de campaña de tela y cartones. Lo que estamos viendo no es legítima defensa: es una tragedia que es genocidio. Y frente a esa realidad, España elige ponerse del lado de la humanidad.
Visión de la Relatora Especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados
Conviene recordar las palabras de Francesca Albanese, relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados: “La seguridad de un pueblo no puede basarse en la negación del derecho a existir de otro pueblo”. Es una verdad simple, pero esencial. Los Estados existen, se reconocen entre sí, y pueden discrepar, sancionarse o negociar. Pero ningún Estado tiene derecho a borrar del mapa a otro, ni a convertir la vida cotidiana de millones de personas en una sucesión de desplazamientos, hambre y miedo, hasta la extinción, y luego el borrado de las trazas de su existencia y paso por este Mundo y su Historia.
Fracesca Albanese lo ha señalado con claridad meridiana: lo que ocurre en Palestina es la manifestación de un sistema de apartheid que utiliza la fuerza militar para mantener una ocupación indefinida. Y ha recordado también que “el pueblo palestino no pide privilegios, pide igualdad: el derecho a vivir en libertad, con dignidad y en paz en sus propias tierras”. Este principio no es patrimonio de una ideología ni de una religión: es la base misma del Humanismo Universal.
Desde España queremos enviar un mensaje sereno. Insisto. Claro que los Estados pueden regañarse, disentir, imponerse medidas recíprocas, o transaccionar a partir de sus respectivas líneas rojas. Pero esas diferencias nunca deben trasladarse a los pueblos, etnias, ni a las religiones o en razón de ellas. Nada tiene que ver este debate con el judaísmo, ni con el islam, ni con el cristianismo. Se trata de un asunto de derecho internacional, de límites estatales, de soberanía y de respeto a la vida humana. Abramos las ventanas, que se vayan los humos de la ira y la propaganda, y quede la voz limpia de la razón y del humanismo.
Conviene recordar las palabras de Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU, que dijo: “La seguridad de un pueblo no puede basarse en la negación del derecho a existir de otro pueblo”. Es una verdad sencilla, pero esencial. Los Estados existen, se reconocen entre sí, y pueden discrepar, sancionarse o negociar. Pero ningún Estado tiene derecho a borrar del mapa a otro, ni a convertir la vida cotidiana de millones de personas en una sucesión de desplazamientos, hambre y miedo.
Ángel Sanz Montes
Informático. Gestor de proyectos. Lector, paseante, escritor a ratos y fotógrafo ocasional. Residente en Ferrol (España).
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