La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del exfiscal general Álvaro García Ortiz, analiza ya la posibilidad de solicitar la nulidad de la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que lo condenó por revelación de datos reservados. Se trata de un procedimiento excepcional que podría presentarse en los próximos días, dentro del plazo de 20 días establecido por la ley.
Una sentencia de 233 páginas bajo revisión
La sentencia, de 233 páginas, está siendo estudiada en detalle para fundamentar el escrito de nulidad. La defensa de García Ortiz se apoyará en el voto particular de las magistradas Susana Polo y Carmen Lamela, quienes consideraron que no existían pruebas “suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad, sin dudas razonables”. Ambas magistradas señalaron que la condena supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, argumento que ya había sido planteado durante el juicio.
El incidente de nulidad: un recurso excepcional
Las sentencias del Tribunal Supremo son firmes y no recurribles, pero existe la posibilidad de presentar un incidente de nulidad, un mecanismo extraordinario para impugnar resoluciones judiciales definitivas. Sin embargo, este recurso rara vez prospera, ya que es el propio Supremo el que lo resuelve. La defensa de García Ortiz podría formalizarlo a principios de 2026, dentro del plazo legal.
Recurso de amparo ante el Constitucional
Si el incidente de nulidad no prospera, García Ortiz podría acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo, alegando vulneración de derechos fundamentales. Aunque tampoco es habitual que el Constitucional revoque una sentencia del Supremo, existen precedentes recientes, como la anulación parcial de las condenas por el fraude de los ERE, que afectaron a los expresidentes socialistas de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
Posible recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
En última instancia, el exfiscal general podría recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, solicitando que se verifique si las autoridades españolas han protegido adecuadamente sus derechos y libertades. Esta vía internacional se plantea como el último recurso en caso de que las instancias nacionales no le den la razón.
Contexto de la condena
El Tribunal Supremo condenó a García Ortiz por la filtración de un correo electrónico entre el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y el Ministerio Público, así como por la publicación de una nota de prensa posterior. La sentencia lo inhabilitó durante dos años para ejercer como fiscal general y le impuso una multa de 7.200 euros, además de indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales.
Conclusión La defensa de Álvaro García Ortiz afronta un proceso complejo y poco habitual en la justicia española. La nulidad de la sentencia del Supremo es difícil de conseguir, pero la existencia de un voto particular que cuestiona la condena refuerza sus argumentos. En paralelo, las vías del Constitucional y del TEDH se perfilan como alternativas para intentar revertir una decisión que ha marcado un hito en la historia judicial reciente.
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