Nicolás Maduro juró como presidente de Venezuela para un tercer periodo de gobierno (2025-2031), en la sede de la Asamblea Nacional de ese país, pese a la campaña mediática mundial, que denunciaba fraude y daba por vencedor a Edmundo Gonzáles. El gobierno venezolano denunció una conspiración internacional y cerró la frontera con Colombia.
“Juro ante esta magna Asamblea Nacional, poder Legislativo de la República, (…) la Constitución, haré cumplir todos sus mandatos, todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República y que este nuevo período presidencial será el de la paz, la igualdad y la nueva democracia, lo juro por la historia y por mi vida. Así cumpliré”, señaló Maduro en el Salón Elíptico del Parlamente venezolano.
Acompañaron a la juramentación e investidura del líder del chavismo, los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel y el jefe de Estado de Nicaragua, Daniel Ortega; así como el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, el primer ministro de la República Árabe Shuaraui Democrática, Brahim Gali y el presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune. También asistieron representantes de China, Rusia e Irán, aliados del gobierno actual.
Denuncias de conspiración internacional
Un día antes de la asunción del mandato presidencial, el gobierno venezolano decidió cerrar la frontera con Colombia entre las 4.00 a.m. y 4.00 p.m. (hora peruana) del día lunes, y se suspendieron los vuelos con ese país; así lo declaró el gobernador del estado Táchira, fronterizo con Colombia, Freddy Bernal.
Asimismo, un día antes de la juramentación se produjo una marcha opositora en la que se acusó el arresto de la lideresa opositora María Corina Machado, aunque el gobierno desmintió este; además el ex candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, recibió el apoyo de Estados Unidos, Perú, Paraguay, Argentina, Chile y República Dominicana; además de Italia (en Europa), mientras que la Unión Europea mantuvo una postura más cautelosa.
La juramentación de Nicolás Maduro se realizó con el palacio legislativo fuertemente custodiado por policías y militares; y el despliegue de 1.200 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en todo el país.