El Parlamento Europeo dio luz verde este miércoles al nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE, tras el debate y votación en sesión plenaria de 10 proyectos legislativos que armonizan y endurecen la normativa comunitaria en estos ámbitos.
El acuerdo, que fue negociado en diciembre entre la presidencia española del Consejo (representando a los Estados) y el Parlamento, tardará dos años en empezar a aplicarse a nivel nacional.
Con su aprobación, la Eurocámara concluye la presente legislatura con un acuerdo clave en política migratoria, que llega tras años de negociaciones muy complicadas entre los Estados miembros.
OBLIGATORIO PERO FLEXIBLE
Según sus ponentes, los reglamentos que hoy han visto la luz tienen como objetivo “mejorar la cooperación entre los Estados de la UE” en la recepción de personas migrantes y solicitantes de asilo, garantizar los derechos humanos y mejorar “la respuesta coordinada de la Unión Europea en caso de crisis”.
Se apoya en la idea de “solidaridad obligatoria pero flexible”, que reconoce el deber de los Estados de ayudar a aquellos “bajo presión migratoria”, pero que acaba con los repartos obligatorios por cuotas.
Fue precisamente la negativa de muchos países a aceptar la reubicación de migrantes en la crisis de 2015 lo que hizo saltar por los aires el marco migratorio vigente, y desde entonces, Bruselas ha trabajado para reformar todo el sistema.
En esta línea, el nuevo pacto también actualiza los criterios y mecanismos para determinar qué Estado miembro es responsable de examinar una solicitud de protección internacional (el llamado reglamento de Dublín) y fija unos estándares comunes de reconocimiento en toda la UE.
Persigue también un sistema de asilo más ágil en la UE, que incluye disposiciones sobre solicitudes inadmisibles y mayor rapidez en las devoluciones y para conceder y retirar la protección internacional.
Todo ello requiere un primer examen previo a la entrada en la UE de los migrantes, así como el registro de huellas dactilares e imágenes de su rostro en una base de datos común (Eurodac).
Además, contiene un nuevo sistema para regular el reasentamiento de personas refugiadas procedentes de terceros países, basado en la participación voluntaria de los Estados.
La comisaria de Interior, Ilva Johanson, tomó la palabra en el debate previo a la votación y dio “gracias” a los europarlamentarios por “el coraje de comprometerse”. A su juicio, hoy “hemos conseguido un gran logro”, con el que “podremos proteger mejor nuestras fronteras exteriores, a los vulnerables y a los refugiados; devolver rápidamente a quienes que no tienen derecho a quedarse, y hacerlo con solidaridad obligatoria entre los Estados miembro”.
CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS
En cambio, este Pacto ha cosechado un gran rechazo por parte de las organizaciones de la sociedad civil y por los grupos de izquierda.
La votación de los cinco últimos textos se produjo de hecho en un ambiente muy tenso. Casi al final, un grupo de activistas ubicado en la tribuna empezó a gritar “este acuerdo mata, vota no”, y lanzó aviones de papel a los eurodiputados. Debido a ello, la sesión fue interrumpida unos pocos minutos. Varios parlamentarios de la izquierda aplaudieron a los activistas, mientras que los conservadores tomaron la palabra para criticarlos.
En nota de prensa, asociaciones españolas pro derechos humanos destacaron que este acuerdo “creará un estado de no derecho en las fronteras” de la UE, mientras que CEAR advirtió de sus “efectos devastadores”.
Denunciaron que, entre otros puntos, endurece los requisitos para solicitar asilo, facilita las devoluciones en caliente, vulnera los derechos de los menores migrantes y establece un mecanismo de “solidaridad a la carta”, que permite a los países eludir el reparto de migrantes a cambio de una compensación económica.
Si a ello se suma la obligación de registrar las peticiones de asilo en el primer Estado de llegada, el nuevo pacto supondrá una carga extra para los Estados fronterizos, como España, alertaron. Cuando entre en vigor, la normativa concederá un plazo de 12 semanas para procesar la solicitud de asilo y un máximo de seis meses para la devolución de aquellas personas cuya solicitud haya sido rechazada. Según las ONG, esto provocará que los centros de refugiados se vean todavía más colapsados y sean más difíciles de gestionar.
Tras la votación, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, acudió a las redes sociales para felicitarse por el acuerdo. «Hoy se ha hecho historia”, declaró. “Hemos entregado un marco legislativo robusto sobre cómo abordar la migración y el asilo en la Unión Europea». «Se han necesitado casi diez años para su elaboración”, admitió, pero “cumplimos nuestra palabra”. En su opinión, el Pacto ofrece “un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad”. “Este es el camino europeo», concluyó.
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