Este lunes, Pablo Fernández, vocero de la Ejecutiva de Podemos, declaró que en España se requiere regularizar a no menos de un millón de individuos en condición irregular, y exhortó al Gobierno a actuar por su propia cuenta si no prospera la propuesta pendiente en las Cortes.
En una conferencia de prensa, se hizo un llamado por parte de Pablo Fernández al Ejecutivo y a las distintas facciones parlamentarias para que finalmente se apruebe la Iniciativa Legislativa Ciudadana (ILP) que regula a los migrantes que actualmente se encuentra en proceso en el Congreso.
Contra el pacto europeo de migración y asilo «aprobado por el Partido Popular y por el Partido Socialista Europeo», se pronunció Fernández, así como contra algunos puntos de la Ley de Extranjería que está en vigencia en la actualidad.
Se trata de reglas que penalizan a los individuos migrantes y que consideran la migración como un desafío de seguridad ciudadana o de orden público en lugar de como lo que verdaderamente es, que es una política humanitaria fundamentada en el respeto a los derechos humanos y a las personas que migran», remarcó.
Según el vocero de Podemos, «es indispensable legalizar a por lo menos un millón de individuos que se encuentran en condición clandestina», dado que España requiere «más empleados con garantías laborales y menos individuos racistas despreciables como Alvise, Albiol, Vox y otros tantos racistas y xenófobos que actualmente difunden mensajes de odio y desinformación».
Por consiguiente, pidió al Gobierno tomar medidas «en contra de los discursos de intolerancia y de las constantes informaciones falsas difundidas continuamente por la ultraderecha».
NATURALEZA DE LA MISIVA
Recordando la Iniciativa Legislativa Popular, que cuenta con «más de 700.000 firmantes», Fernández instó al Ejecutivo a que, en caso de no ser aprobada en las Cortes, sea el Gobierno mismo quien ejerza su «derecho de otorgar la ciudadanía por medio de carta de nacionalización a todos esos individuos migrantes».
Resaltando lo mismo, puntualizó la importancia de identificar «a estos individuos en condición no regular que residen y laboran actualmente en nuestra nación», al constituir «una acción de equidad social y de respeto a los derechos humanos que elevaría nuestra reputación como país».
(SERVIMEDIA)
