- Pactan también que la vacante del Tribunal Constitucional se cubra con José María Macías
- Blindarán la Fiscalía General del Estado: no podrá ser propuesto ningún candidato que tuviera un puesto político en los cinco años anteriores
El PSOE y el Partido Popular cerraron este martes un acuerdo con la Comisión Europea para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de forma “inmediata” tras más de cinco años de bloqueo, y presentar una proposición de ley para reformar el sistema de elección de sus vocales para que se garantice la “participación directa” de los jueces.
El pacto se selló esta tarde en una reunión en la que participaron el ministro para la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta Vera Jourová en representación de la Comisión Europea.
Las tres partes acordaron también cubrir la vacante que existe en el Tribunal Constitucional con José María Macías, actual vocal del CGPJ. Este puesto quedó vacío cuando Alfredo Montoya dimitió por enfermedad en julio de 2022 y corresponde al Senado elegir su sustituto.
Y, por último, firmaron reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir que sea fiscal general del Estado “quien en los cinco años anteriores” haya tenido un cargo político, como sucedió con Dolores Delgado.
RENOVACIÓN “INMEDIATA”
El acuerdo entre PSOE y PP recoge la renovación “inmediata” del CGPJ y la aprobación “simultánea” de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Ambas cuestiones serán refrendadas en una misma sesión plenaria del Congreso de los Diputados, que se celebrará en los próximos días, es decir, al inicio del mes de julio.
Esa reforma de la LOPJ incluye además reformar el sistema de elección de los jueces. Bolaños y Pons pactaron finalmente dejar en manos de los nuevos integrantes del CGPJ seleccionar el nuevo método. No obstante, tendrá que incluir, “de manera expresa”, un nuevo modelo de “participación directa” para que los jueces puedan elegir a sus representantes en el CGPJ.
Además, deberá ser presentado en un plazo de seis meses que empezará cuando entre en vigor la reforma de la LOPJ acordada, y tendrá que contar con el apoyo de una mayoría reforzada de 12 vocales, es decir, de tres quintos del órgano.
LOS VOCALES ELEGIDOS
En segundo lugar, el acuerdo garantiza una composición “absolutamente equilibrada del CGPJ”, o, en otras palabras, que ambos partidos eligen cada uno a 10 vocales “con trayectorias acreditadas y una solidez formativa fuera de toda duda”. Además, serán elegidos con el sistema vigente.
De los vocales de procedencia judicial por parte del Congreso, ambos partidos optaron por Ángel Arozamena, magistrado del Tribunal Supremo; Esther Erice, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; Gema Espinosa, de la Audiencia Provincial de Barcelona; José María Fernández Seijo, juez de lo Mercantil de Barcelona; José María Páez, juez decano de Málaga; y José Carlos Orga, de la Audiencia Provincial de Logroño.
Por parte del Senado, los vocales de procedencia judicial serán José Antonio Montero, magistrado del Tribunal Supremo; José Eduardo Martínez Mediavilla, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca; Esther Rojo, presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia; Carlos Hugo Preciado, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña; Alejandro Abascal, de la Audiencia Nacional; y Lucía Avilés, juez de lo penal de Mataró.
MEDIDAS DE INDEPENDENCIA
Respecto a los vocales juristas por el Congreso, PP y PSOE acordaron que sean José Luis Costa Pillado, presidente del Consello Consultivo de Galicia; la fiscal Inés María Herreros Hernández; Pilar Jiménez, fiscal superior de Cantabria; y Argelia Queralt, profesora Derecho Constitucional de la UB y Letrada del Tribunal.
Los cuatro puestos restantes, elegidos por el Senado, serán para Ricardo Bodas, magistrado jubilado de la sala cuarta del Tribunal Supremo; Bernardo Fernández, expresidente del Consejo Consultivo de Asturias; Luis Martín Contreras, letrado de Administración de Justicia de la sala tercera del Tribunal Supremo; e Isabel Revuelta, letrada de Cortes.
Junto a estos dos puntos, ambos partidos incluyen nuevas medidas de independencia en la futura reforma de LOPJ. Por un lado, que las decisiones más relevantes –como la reforma del sistema de elección– deberán ser adoptadas por la mayoría reforzada de tres quintos. También en lo referido, por ejemplo, a la designación de perfiles que cubran las vacantes en tribunales de justicia autonómicos o audiencias provinciales.
RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES
También se establece que el Gobierno no podrá señalar al presidente del Tribunal Supremo, sino que esa decisión la tomarán los nuevos vocales del Consejo, también con mayoría reforzada, lo que obliga a que las distintas sensibilidades consensuen todas las decisiones.
PSOE y PP acuerdan también una serie de medidas para reforzar el régimen de incompatibilidades de jueces, magistrados y fiscales en los casos en los que pasen del servicio activo al ejercicio de cargos políticos. Entre otros aspectos, se recoge que “quedarán en situación de servicios especiales a todos los efectos durante los dos años siguientes a su cese”.
Además, “deberán abstenerse, y en su caso podrán ser recusados, de intervenir en cualesquiera asuntos en los que sean parte partidos o agrupaciones políticas, o aquellos de sus integrantes que ostenten o hayan ostentado cargo público”.
Se recoge adicionalmente que se ampliará a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo, frente a los 15 actuales.
FISCALÍA
Por último, el acuerdo recoge una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para impedir que sea fiscal general del Estado “quien en los cinco años anteriores” haya tenido un cargo político, como sucedió con Dolores Delgado.
Además, se establece que deberá ser elegido entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión y tras escuchar al CGPJ.
(SERVIMEDIA)
