- Afirma en un escrito que «no apoyará lo que no es más que un parche» y exige un plan migratorio y más fondos para las CCAA
El Partido Popular ha traslado al Ministerio de Política Territorial que “no apoyará” la reforma de la Ley de Extranjería para repartir a los menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas, salvo que el Gobierno acceda a incluir sus “irrenunciables” propuestas en el texto.
Así se recoge en un escrito que el Grupo Parlamentario Popular remitió a la cartera dirigida por Ángel Víctor Torres, en la que incide en sus condiciones para apoyar la modificación de esta ley orgánica. La iniciativa registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria prevé un mecanismo de reparto que se activa de forma automática cuando la capacidad del sistema de protección en una comunidad autónoma alcanza el 150% de su ocupación. Y establece que los traslados puedan realizarse en un plazo de 15 días desde el registro del menor.
“Sin un plan económico potente para invertir en el control de frontera, que incluya medios técnicos, tecnológicos y humanos, ayudas a las comunidades autónomas, políticas de cooperación con los países emisores y de repatriación de las personas en situación de irregularidad que tengan expedientes de expulsión, el Partido Popular no apoyará lo que no es más que un parche”, responden desde Génova a la proposición de ley del Gobierno, consensuada entre el Ejecutivo central y el de Canarias –donde el mismo PP ostenta la vicepresidencia–.
A lo largo del escrito, al que pudo acceder Servimedia, el PP censura la forma de obrar del Ministerio. En primer lugar, señala que “hubiera sido” que fuera un proyecto de ley y no una proposición, ya que habría venido acompañado de informes jurídicos de órganos consultivos y la memoria económica imprescindible.
Segundamente, considera que, si existiera “voluntad de acuerdo” para abordar una cuestión que “afecta a todos”, se habría planteado este acuerdo de cooperación en la Conferencia de Presidentes, como solicitaron los representantes de las comunidades y ciudades autónomas gobernadas por el PP en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud. “Sin embargo, lo único que han recibido por parte del gobierno hasta ahora son ataques basados en mentiras”, apostilla.
Por último, el PP se queja de que no ha recibido “borrador alguno” de la proposición y que, según apuntan las informaciones, que se pretende registrar, no por el Gobierno sino por otros grupos parlamentarios, “no recoge ninguna de las cuestiones” que su portavoz, Miguel Tellado, planteó en la reunión que mantuvo con Torres en el Congreso hace un par de semanas.
CONDICIONES
La primera de esas propuestas “irrenunciables” es declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, “no solo por las cifras que en este momento existen sino también por las previsiones para los próximos meses que ha dado el propio Gobierno de España y las ONGs”. De esta manera, todas las comunidades podrían acogerse a este plan de emergencia y podrían en su caso, licitar recursos de forma urgente para las necesidades de la acogida de menores.
Asimismo, el PP ve necesario que la proposición asegure por ley que los menores que sean trasladados a las comunidades de destino sean “indubitados” en su edad. Y también que implique al Gobierno, ya que el texto establece obligaciones para las comunidades, “sin asumir” el Ejecutivo central “ningún tipo de responsabilidad en el ejercicio de sus competencias migratorias”.
“Por eso debe quedar constancia que, a la vez que se presenta esta proposición de ley, se entrega en el mismo acto un plan de política migratoria del Gobierno para ejercer con mayor intensidad y eficacia sus obligaciones en materia de inmigración para contener sustancialmente las entradas irregulares”, prosigue el texto.
Esta política migratoria pasa por “reforzar el control de las fronteras marítimas, así como establecer el pasaporte de tránsito para viajeros con alta incidencia de migración irregular a través de los aeropuertos españoles”. También que se lleven a cabo las inversiones necesarias con los países de origen para evitar la salida de pateras, y que el Gobierno aporte “una prueba fehaciente” de que se solicita la activación de los mecanismos de la Unión Europea para luchar contra la entrada ilegal y para la colaboración en el reparto de los menores llegados a España.
MÁS FONDOS
En paralelo, el PP denuncia que las informaciones apuntan que la proposición no recoge “ninguna precisión mediante memoria económica de la financiación que se va a destinar a esta acogida obligatoria”. Solamente hace referencia al sistema que se realiza ahora de reparto con una financiación exclusivamente del primer año de acogida cuando se debería soportar por parte del Gobierno su totalidad durante el tiempo de tutela”.
Por ende, para apoyar el texto, ven “imprescindible” que exista un compromiso financiero por parte del Gobierno de España mediante un fondo de contingencia plurianual y con el reconocimiento de los menores que ya están en estos momentos acogidos por las comunidades. “Este debe recoger la financiación de los menores desde su acogida hasta su emancipación”.
También debe reflejarse “de forma expresa” que, una vez que la situación que viva una comunidad autónoma en cuanto a los menores en acogida, exceda la capacidad de los recursos instalados, corresponderá a las autoridades del Gobierno central habilitar “los medios y su gestión directa, ya que la imposición del reparto, sin existir los medios para la acogida hace imposible que esta sea efectiva”, como sucede en la Comunidad Valenciana y Murcia.
Por último, el PP incide en tener “garantías de que el reparto será para todas las CCAA sin excepción”, con los ojos puestos en Cataluña. “Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en estas últimas semanas”, señala.
(SERVIMEDIA)