Amy Goodman y Denis Moynihan
El presidente Donald Trump emitió el miércoles una amplia prohibición de ingreso a Estados Unidos y profundizó así una de las políticas más controvertidas de su primer mandato, la restricción de entrada al país de ciudadanos provenientes de siete países de mayoría musulmana. En aquel entonces, la prohibición de ingreso impuesta por Trump fue impugnada en los tribunales, pero, finalmente, en 2018, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó una tercera versión, más limitada, de la medida. Eso sucedió tras una reunión en la Casa Blanca en la que Trump se refirió a Haití y a países africanos como “países de mierda”, según revelaron algunos de los asistentes a dicha reunión, entre ellos el senador demócrata del estado de Illinois Dick Durbin. El mandatario estadounidense también dijo en esa ocasión que prefería acoger en el país a más inmigrantes provenientes de Noruega, uno de los países más ricos y con mayor población blanca del mundo.
El nuevo Trump es el mismo Trump de siempre, solo que ahora está rodeado de aduladores deseosos de complacer sus caprichos y cuenta con una mayoría conservadora aún más amplia en la Corte Suprema. La nueva prohibición de viajes de Trump está en sintonía con la política de deportaciones masivas que prometió durante su campaña electoral. A pesar de contar con numerosos reveses en los tribunales y al creciente rechazo de la opinión pública, el programa de deportaciones continúa alterando de forma radical la vida de una inmensa cantidad de inmigrantes y sus familias, a través de su caótica ola de arrestos, encarcelamientos indefinidos —muchas veces en desacato de órdenes judiciales— y expulsiones del país. La Casa Blanca ya ha enviado a personas deportadas a una tristemente célebre megacárcel de El Salvador y, según se informa, está manteniendo negociaciones con otros Gobiernos para conformar un gulag global de prisiones en países que buscan congraciarse con Trump.
El nuevo veto migratorio de Trump, que entrará en vigor el 9 de junio, prohíbe el ingreso a Estados Unidos de personas de doce países y restringe la entrada de ciudadanos de otros siete. La prohibición total de ingreso aplica a ciudadanos de Afganistán, Myanmar o Birmania, el Chad, la República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por su parte, se imponen restricciones de ingreso a personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Alrededor de la mitad de estos países se encuentran en África y cerca de la mitad son de mayoría musulmana. Todos ellos están poblados en gran medida por personas de color. Los tres países más pobres del mundo en términos de ingreso per cápita —Yemen, Burundi y Afganistán— figuran en la lista. Cabe señalar que, durante un acto de campaña para las elecciones presidenciales de 2024, Trump se preguntó: “¿Por qué no podemos permitir que venga gente de países agradables? […] ¿Viene gente de Dinamarca? ¿Y de Suiza? ¿Y de Noruega?”.
La nueva prohibición suscitó inmediatamente críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y especialistas en derecho constitucional, entre otros. Baher Azmy, director jurídico de la organización Centro de Derechos Constitucionales, dijo a Democracy Now!:
“[La prohibición] es significativa por sí sola, pero lo es aún más cuando se inserta en un continuum de medidas que se presentan a un ritmo casi diario o semanal y que exhiben una nueva política migratoria, que da forma a esa suerte de fantasía evangélica y supremacista blanca que tienen sobre este país”.
Trump se comprometió a localizar y expulsar de Estados Unidos a violadores y asesinos. Pero, en realidad, como ha declarado abiertamente el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, —considerado el artífice de la política de deportaciones masivas— , lo que realmente importa es la cantidad, y los inmigrantes que trabajan arduamente y cumplen con la ley también estarán en la mira.
La revista conservadora Washington Examiner informó que Miller reunió en Washington D.C. a los directores de 25 dependencias locales del Servicio de Inmigración y del Departamento de Seguridad Nacional para reprocharles la baja cantidad de deportaciones. Según la revista, un funcionario cuya identidad no fue revelada declaró: “Stephen Miller quiere que los arresten a todos. ‘¿Por qué no van a [tiendas de la cadena] The Home Depot? ¿Por qué no van a [tiendas de] 7-Eleven?’”.
Durante una entrevista con el canal Fox News, Milller afirmó: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, buscamos establecer una meta de un mínimo de 3.000 arrestos diarios por parte del Servicio de Inmigración, y el presidente seguirá presionando para que esa cifra aumente cada día”.
En los hechos, la oleada de deportaciones impulsada por Trump y Miller está destrozando familias y, al mismo tiempo, provocando una resistencia cada vez más fuerte.
Guerline Jozef, directora ejecutiva de la organización Alianza Puente Hatiano (HBA, por sus siglas en inglés), dijo a Democracy Now!: “No podemos seguir tratando así, como país, a las personas que vienen aquí en busca de seguridad y protección, que son nuestros vecinos, nuestros amigos, las familias que concurren a la iglesia con nosotros. Estamos, literalmente, destruyendo las vidas de estas personas, en lugar de darles la oportunidad de seguir viviendo aquí con dignidad y compasión”.
El 30 de mayo, 20 agentes del Servicio de Inmigración —enmascarados, armados y con equipo táctico— realizaron una redada en un conocido restaurante italiano de la ciudad de San Diego, en el estado de California. Los agentes esposaron a todo el personal del restaurante y terminaron arrestando a cuatro de los trabajadores. Cuando algunos transeúntes, indignados, intentaron impedir que los vehículos del Servicio de Inmigración abandonaran el lugar, los agentes migratorios lanzaron granadas de humo aturdidoras contra ellos.
Adriana Jasso, una activista por los derechos de las personas migrantes y los derechos humanos que reside en San Diego, ha estado trabajando en la organización y capacitación de comunidades inmigrantes para que conozcan sus derechos y sepan cómo resguardarse frente a las redadas del Servicio de Inmigración.
En conversación con Democracy Now, Jasso expresó: “Entendemos y hemos asumido nuestra responsabilidad histórica de luchar, resistir, denunciar y actuar conforme a ese imperativo moral. […] Esto también puede ser una oportunidad para que el movimiento se fortalezca y haga frente a este Gobierno fascista y dañino que ha acabado con los derechos humanos fundamentales y las garantías constitucionales que nos merecemos como comunidad”.
© 2025 Amy Goodman
Traducción al español de la columna original en inglés. Edición: Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.
